Desde 1959, la pujante clase media de Osorno ha contado con el Colegio San Mateo, de la Compañía de Jesús, para formar a sus hijos. Con buenos resultados en las pruebas Simce y PSU, su sólido prestigio en la región se ha acrecentado gracias a una permanente inversión en infraestructura y un cuerpo docente de calidad y bien remunerado.
Varias generaciones de osorninos se han formado en sus aulas y hoy cumplen roles diversos –muchos de ellos influyentes– en todas las estructuras de esa sureña ciudad. Por ello, nadie ha quedado indiferente ante el incómodo momento que vive el establecimiento jesuita.
En las últimas semanas, cuatro organismos del Estado –Ministerio Público, Contraloría General de la República, Ministerio de Educación y el Consejo de Defensa del Estado (CDE)– indagan “inexactitudes” en la documentación presentada al solicitar las subvenciones estatales. Los errores incrementaron el monto recibido más allá de lo legal, transformándose en lo que podría constituir un fraude fiscal.
En enero pasado, el rector del colegio, Juan Pablo Cárcamo, informó al delegado de la Red Educacional Ignaciana, Alejandro Pizarro (también ex rector del establecimiento), que durante “un sumario interno” detectaron que por un “error administrativo” habían recibido del Estado 87 millones de pesos de más.
Es decir, que la errada documentación presentada en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación de Osorno se tradujo en que los montos de las subvenciones escolares entregados por el Estado fuesen mayores que lo que legalmente les correspondía.
Cárcamo responsabilizó del gazapo en la contabilidad a Mery Tejeda Soto, administradora del establecimiento desde hace 10 años y funcionaria y contadora durante la década anterior, despedida el año pasado.
La mujer había presentado una demanda laboral por despido injustificado, pues asegura haber estado con licencia médica cuando fue desvinculada. Además, deslizó “advertencias” a sus ex patrones, que habrían motivado la investigación interna que provocó la “autodenuncia” del rector Cárcamo.
Ante la imputación de sus antiguos empleadores, Mery Tejeda acudió, junto a su abogado, Alejandro Medina, a la Fiscalía, la Contraloría, al Mineduc y –por carta– hasta a la propia Presidenta Bachelet, para hacer una acusación mayor: que “por orden de las máximas autoridades” del colegio, durante 20 años había alterado la contabilidad “para obtener una subvención estatal mayor” de lo que correspondía.
En sus declaraciones involucró a los ex rectores Fernando Salas, Thomas Gavin (estadounidense), Alejandro Pizarro y Juan Miguel Leturia. Ninguno de ellos aceptó hablar con LND.
En 1998, el DFL 2 del Mineduc estableció el aporte de recursos del Estado a los establecimientos escolares a través de dos tipos de subvenciones: “Educación gratuita” y “Financiamiento compartido y sistema de becas”. El Colegio Santo Tomás de Osorno recibía aportes en ambas modalidades, ya que educa sin cobro a alumnos de escasos recursos y también a otros de mucho mejor situación económica, con cuyos padres acordaron el pago de una mensualidad acorde a sus ingresos, sistema también conocido como de arancel diferenciado.
SUBVENCIÓN DIVINA
De acuerdo a la ley, la suma de todos los ingresos percibidos determina el monto de la subvención que el Estado entrega por alumno, cifra que disminuye en la medida que aumentan los aportes privados –mensualidades y donaciones–, e incluso el beneficio estatal puede no justificarse y desaparecer.
En la denuncia presentada a la Fiscalía de Osorno, Mery Tejeda Soto, 57 años, católica ferviente y principal sostén de una familia numerosa, declara que “en una primera etapa (1984 a 1998), el colegio se sometió a las normas de la subvención de educación gratuita y defraudó al fisco sobre la base de dividir los ingresos que recaudaba de los apoderados en una doble contabilidad”.
La ex administradora señala que el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Mineduc recibían una contabilidad del Colegio San Mateo, de la Compañía de Jesús (RUT 82.491.000-6), “donde las recaudaciones percibidas de los apoderados figuraban como mínimas, de manera de cumplir con las exigencias legales”.
Y agrega que existía una segunda contabilidad entregada al SII, donde se consignaban los ingresos reales aportados por los apoderados y las donaciones, “bajo la institución religiosa Compañía de Jesús (RUT 70.072.300-3), la cual no está afecta a impuesto a la renta, por lo que no podía ser fiscalizada por ningún organismo estatal”, estampa en su libelo acusatorio.
Pero las acusaciones de la ex mujer de confianza de las autoridades del San Mateo no se quedan ahí. Ella asegura haberles advertido que debían terminar con ese irregular sistema de contabilidad. Afirma tener respaldo en disquetes de toda la información sobre la situación financiera del establecimiento para colaborar con la investigación, pues estima que las autoridades del colegio le están atribuyendo una responsabilidad que no tiene, ya que “los funcionarios no teníamos otra opción más que acatar las instrucciones de los superiores al mando del San Mateo”.
De acuerdo a denuncia presentada por escrito, desde 1999 hasta que fue despedida, los montos que el colegio percibió por sobre lo legal ascenderían a 1.600 millones de pesos. “Desde ese año, el Colegio San Mateo se acogió al sistema de financiamiento compartido, para lo cual la defraudación al fisco se verificó en la práctica sobre la base de adulterar las correspondientes declaraciones de ingresos proyectados y las declaraciones de ingresos percibidos, en virtud de los cuales el Mineduc establecía si procedía la subvención, y hasta qué montos”, asegura la ex administradora.
La mujer también cuestiona el que en 1999 el Colegio San Mateo se hiciera acreedor a 300 millones de pesos del Proyecto Montegrande –también de origen estatal–, porque, afirma, no se cumplía con los requisitos establecidos.
AUTODENUNCIA
Como buen jesuita, Juan Pablo Cárcamo tiene un aspecto informal y jovial. Por ello, ríe a carcajadas cuando escucha la acusación de Tejeda. Aunque LND estaba en las afueras del colegio, Cárcamo optó por responder sólo a través del celular: “Nosotros nos autodenunciamos antes que esta persona (Mery Tejeda). Hicimos un estudio y descubrimos que ella no había declarado todas las platas que recibíamos. Por eso estamos devolviendo el dinero al fisco”.
–¿Por qué se produjo el “error administrativo”?
–Tuvimos un problema con los bancos, que no nos entregaron a tiempo la información del total de las platas recibidas, y el Estado no hizo el descuento correspondiente. Pero son montos relativos en los tres años que la ley ordena investigar. Lo anterior está prescrito, pero agregamos un año a la investigación para averiguar bien qué pasó.
–¿Cuánto dinero en total?
–Estamos devolviendo 87 millones de pesos.
–La señora Tejeda habla de 1.600 millones de pesos desde 1999.
–(Ríe efusivamente) Realmente, esta señora es graciosa. Nos autodenunciamos y abrimos todo nuestro sistema financiero para que fuera revisado. (Más serio) El Ministerio de Educación hizo una investigación y emitió una resolución exenta cerrando el caso. No entiendo la denuncia de esta señora... ella no está sana”.
SUMARIO
Sin embargo, tanto en el plano ministerial como judicial, el caso no está cerrado. Funcionarios del Departamento de Subvenciones de la Dirección Provincial de Educación de Osorno explicaron a LND que en la resolución exenta Nº 1374, firmada por el seremi, José Mancilla Díaz, “se aceptan las explicaciones del colegio y se ordena el reintegro del dinero en seis cuotas. Pero aún existe un oficio pendiente de la Fiscalía de Osorno”, señalan las fuentes consultadas, quienes prefieren mantener el anonimato.
El seremi Mancilla dijo a LND que administrativamente el caso no está cerrado, que se inició una completa indagación de los estados financieros del establecimiento, que está respondiendo a los requerimientos de la Fiscalía local y que informó al CDE para que analice hacerse parte en el caso.
–El rector dice que entregaron antecedentes de los tres últimos años, pues lo anterior está prescrito.
–Estamos estudiando el tema porque no nos parece que de tres años para atrás esté prescrito.
–Con la resolución exenta el caso está cerrado.
–Nunca un tema de este tipo está cerrado, el proceso de subvenciones podría determinar una mayor cuantía o nuevos ilícitos. La justicia va a determinar si lo denunciado por la persona (Mery Tejeda) corresponde a la realidad o no.
–¿Los procedimientos de fiscalización por la entrega de subvenciones son suficientes?
–Hay limitaciones que debiéramos resolver más allá de lo que determine la justicia. Esto nos indica que podría haber situaciones que escapan al control del Mineduc.
LA FISCAL
Ante la denuncia interpuesta en el Ministerio Público por Mery Tejeda, la fiscal María Angélica de Miguel inició una investigación desformalizada.
Aunque ella ha instruido varios casos relativos a fraudes de colegios particulares subvencionados de la zona para obtener más subvenciones de las legales, De Miguel aclara que lo ocurrido en el San Mateo “es inédito”.
Todas las autoridades consultadas coinciden en que adulterar el número de matrículas y los libros de asistencia de los alumnos ha sido la forma como algunos sostenedores de colegios que reciben el beneficio han intentado defraudar al fisco.
La sorpresa en este caso está no sólo en prestigio del colegio jesuita, sino en el presunto modus operandi y el tiempo en que se habría realizado. Ya que de comprobarse que se entregaron subvenciones bajo documentación alterada, lo mismo podría ocurrir en otros colegios que reciben similares beneficios a lo largo del país.
La fiscal De Miguel ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) que interrogue a los ex rectores y otros profesionales que habrían conocido las presuntas irregularidades, y envío oficios al Mineduc para que informe cuándo y sobre la base de qué requisitos y documentación se entregaron las subvenciones.
“Primero, estamos viendo la pertinencia de la denuncia y si de acuerdo a los antecedentes se configura una gama de delitos tributarios y fraude al fisco”, dijo a LND.
AMENAZAS
En enero pasado, al enterarse de la situación el padre provincial (máxima autoridad de la congregación en Chile), Guillermo Baranda, ordenó que se realizara una auditoría externa del establecimiento, que se comunicaran los errores a las entidades públicas y que se devolviera “cualquier dinero que se hubiera recibido en exceso”, dijo a LND el abogado Sergio Rodríguez, quien actúa como vocero de la compañía respecto al caso.
El profesional aseguró que en la institución religiosa la situación se asumió “con prudencia, humildad y se reconoce que se cometió un error administrativo”. Y agregó un nuevo antecedente: “Ella (Tejeda Soto) está concretando la amenaza que le hizo al jefe de la Red Educacional Ignaciana (Ricardo Pizarro) de imputarle el conocimiento e instrucción de una serie de ilícitos, si no le pagaba 100 millones de pesos como finiquito”.
El abogado reconoce que ante esa situación no presentaron a la justicia una denuncia por extorsión, por no tener un respaldo que pruebe el supuesto ilícito y, por tratarse de “una persona que trabajó 20 años en el colegio, se siguió el camino que dicta la prudencia, y eso era reconocer el error y devolver el dinero”.
Finalmente, el abogado y vocero de la compañía afirmó que Mery Tejeda tenía amplias facultades y autonomía para operar, por lo que si se llegasen a comprobar la existencia de delitos, “ella sería la responsable”.
